El gobierno español de Mariano Rajoy anunció hoy la intervención del autogobierno de Cataluña mediante el articulo 155 de la Constitución española, nunca antes aplicado en 40 años de democracia, después de que el Ejecutivo regional de Carles Puigdemont amenazó con formalizar una declaración de independencia.

¿Qué dice el artículo 155 de la Constitución de 1978?

-El artículo de solo dos párrafos sostiene que si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de una forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

En cuanto al mecanismo para aplicar estas medidas se estipula como primer paso un requerimiento previo al presidente de la comunidad, y en caso de no ser atendido, se necesitará la aprobación por parte de la mayoría absoluta del Senado.

-¿Por qué se pone en marcha el mecanismo?

-El artículo 155 se pone en marcha después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo el martes pasado desde el tribunal del parlamento regional que asumía el mandato para declarar la independencia y, al mismo tiempo, lo suspendía.

Esa formulación, que generó confusión, motivó al Ejecutivo a hacer un requerimiento formal al presidente regional para que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña, un acto que atenta contra el ‘interés general‘ de España, porque afecta la integridad territorial del Estado, y la soberanía nacional consagradas en la Constitución.

Al vencer hoy el plazo de ese requerimiento, Puigdemont dijo que el parlamento no había votado la secesión, pero amenazó con hacerlo si el gobierno español seguía negándose al diálogo y mantenía la represión.

El referéndum del 1 de octubre ya era un paso que vulneraba la Carta Magna, tal como dictaminó el Tribunal Constitucional. No obstante, el Ejecutivo central evitó precipitar la puesta en marcha de las medidas extremas, según dijo, para darle la oportunidad a Puigdemont de volver a la legalidad.

Además, existían fuertes reticencias en torno a la aplicación del artículo 155, por ser impreciso e inédito en democracia y, asimismo, porque supondrá un control del gobierno regional.

-¿Ya no hay marcha atrás en la intervención?

-Sí. Debido a que las medidas necesitan ser aprobadas por el Senado, durante el plazo del trámite que puede durar unos diez días, el presidente catalán podría responder rectificando su posición o convocando elecciones regionales, las únicas dos opciones que el Ejecutivo adelantó que paralizarían la aplicación del artículo 155.

-¿Cómo es el trámite para que entren en vigor las medidas?

-Tras el Consejo de Ministros que aprobará las medidas concretas de intervención, el gobierno trasladará su propuesta a la Mesa del Senado, que se reuniría para convocar la Comisión General de las Comunidades Autónomas, probablemente entre el lunes y martes de la próxima semana.

La Comisión debatirá y aprobará las medidas, que serán trasladadas a Puigdemont para que él directamente o la persona que designe presente las alegaciones que crea convenientes. Si la respuesta es insuficiente, entonces el Pleno del Senado votará las medidas. Se prevé que el procedimiento se extienda hasta final de mes.

El Partido Popular (PP) de Rajoy cuenta con la mayoría pero pretende que las medidas salgan adelante con un consenso abrumador, para lo cual cuenta con el apoyo del líder de los socialistas Pedro Sánchez y del partido liberal Ciudadanos, de Albert Rivera.

-¿Qué medidas se pueden adoptar?

-El Ejecutivo no quiso adelantar cómo intervendrá en Cataluña, debido a que el artículo 155 no especifica las medidas. A pesar de ello, distintas fuentes del gobierno central apuntaron a que se busca una intervención ‘quirúrgica‘ que llevaría a la suspensión de algunas competencias de autogobierno en áreas en las que se está incumpliendo la Constitución. También se habla de un gobierno paralelo, por un tiempo definido, cuyo único objetivo será dirigir la transición hasta unas elecciones autonómicas.

Las dificultades que puedan surgir a la hora de tomar el control de la administración pública en todo el territorio es lo que mayores dudas genera la puesta en práctica las medidas que se conocerán el sábado.

-¿Por qué el artículo 155 genera tanta polémica?

-España es un país descentralizado con fuertes aspiraciones nacionalistas, que la Constitución de 1978 canalizó a través de un pacto que reconoce gobiernos regionales con diferentes niveles de autonomía. En el caso de Cataluña incluso se reconoce el autogobierno como algo previo a la Carta Magna. Por eso, si bien el artículo 155 en un mecanismo constitucional, su aplicación es vista como un agravio, no solo para los independentistas.

La Generalitat -Ejecutivo regional- y el Parlament -legislativo- son las instituciones emblemas del autogobierno y de la recuperación de la democracia en Cataluña tras la dictadura franquista.

Desde la izquierda catalana se advirtió al gobierno de Rajoy que una intervención de este tipo será vista como un ataque intolerable, dará oxigeno a las protestas y dinamitará cualquier posibilidad de solución dialogada a un conflicto que parece no tener salida.